· Basta de precariedad laboral e interinatos en la docencia universitaria
· No a la reglamentación de la flexibilidad laboral
· Por la defensa de los derechos de los docentes y los adscriptos
· Por una carrera docente con estabilidad laboral
En las últimas semanas se ha estado discutiendo en la Junta de Historia —y también en distintos intercambios y posicionamientos de las listas de graduados y estudiantes— una propuesta de la dirección de la carrera en torno a la creación de una reglamentación para el ingreso de docentes interinos. Esta propuesta se ha fundamentado en que otras carreras cuentan con reglamentaciones similares y en que existe una “presión” de la gestión de la facultad en el sentido de dotar de una también a la carrera de Historia.
¿Qué es lo que está en discusión? ¿Se trata realmente de una propuesta que impulsa la “democratización del ingreso” a la docencia?
La realidad es que no. Se trata, en realidad, de un intento de reglamentar la precariedad que predomina en la docencia universitaria y de la cual nuestra carrera es un claro exponente.
Radiografía de la precariedad laboral
Los docentes universitarios se dividen en dos clases: los regulares y los interinos. Los regulares son aquellos que accedieron a su cargo a partir de un concurso, tal como establece el estatuto de la UBA y las reglamentaciones particulares de las facultades. Los interinos son aquellos designados directamente por el Consejo Directivo de la facultad, en forma precaria y por un lapso de un año que debe ser renovado cada vez. Es una distinción similar a la que existe en numerosos lugares de trabajo entre los trabajadores “de planta” y los “contratados”.
Lo cierto es que, debido a la miseria presupuestaria, los interinos son miles en toda la UBA y también en nuestra facultad. ¿Por qué ocurre esto? Porque ante la falta de presupuesto, los nuevos docentes son designados en forma interina, sin salario, o con rentas “precarias” que dependen de licencias o jubilaciones de otros. Sobre esa base se sostiene la universidad, con el trabajo precario e interino de miles de docentes que permanecen durante años y años en estas condiciones de inestabilidad, con su continuidad laboral sujeta a la renovación, o no, por parte del Consejo Directivo.
¿Qué reclamamos?
Esta situación de precariedad laboral ha sido y es fuertemente denunciada por la AGD UBA, que reclama el fin de la inestabilidad laboral y los interinatos, y un régimen de carrera docente que garantice los derechos laborales de los trabajadores de la universidad.
Defendemos un régimen de carrera docente que garantice el ingreso por concurso abierto y público, y luego establezca los mecanismos para promociones y ascensos, a partir de evaluaciones periódicas, garantizando la calidad académica y la estabilidad laboral. A partir de la defensa de este programa histórico de la docencia universitaria, la AGD UBA acaba de aprobar por unanimidad, en asambleas generales, el rechazo a un falso “convenio colectivo de trabajo” que quieren imponer los rectores de las universidades nacionales junto a las burocracias de Conadu y Fedun, dado que no garantiza la regularización de los interinos, nada dice sobre los docentes ad honorem y deja al arbitrio de las distintas universidades los criterios de aplicación.
¿Qué propone la dirección de la carrera?
Lejos de los reclamos históricos de los docentes universitarios, lo que propone la dirección de la carrera, en consonancia con los reclamos y aprietes de la gestión de la facultad, es una reglamentación… de la precariedad. Es notable: incluso el “convenio” flexibilizador y noventista de los rectores va más lejos que las propuestas de “reglamentos” para el ingreso de interinos, dado que al menos se refiere al ingreso de docentes regulares. Aquí, en cambio, se nos está planteando que “regulemos” la inestabilidad, que establezcamos los mecanismos para el ingreso de los interinos, los precarios y los ad honorem.
Para empeorar las cosas, todo esto se hace en nombre de la “democratización”. Denunciamos como falso el argumento que supone que la oposición a esta nueva reglamentación de la precariedad sería fomentar el “dedo del titular”. Se trata de un argumento falaz y perverso, viniendo de parte de quienes sostienen un régimen de interinatos eternos, de precariedad laboral y salarial, y de hecho se apoyan para gobernar la facultad en un régimen antidemocrático estructurado a partir del predominio político de una reducida camarilla de, precisamente, profesores titulares. En realidad, es el “dedo de los titulares” el que pone los rectores, los decanos, las autoridades de las carreras y los jurados en los concursos. Es el sistema de camarillas que domina en la universidad el que permite y promueve la precariedad laboral, la dependencia de los docentes y becarios respecto a los titulares, las múltiples presiones y luchas facciosas que recorren la universidad. Nosotros defendemos la democratización de la universidad, que va de la mano con la lucha por la estabilidad laboral y el fin de la precariedad.
Defender los derechos de los docentes, los adscriptos y los equipos de cátedra
Del mismo modo que en los concursos de regularización defendemos que se respete el derecho de los interinos que ocupan esos puestos durante años, en el caso de los ingresos defendemos que se respeten los derechos de los adscriptos. Se trata de todo un conjunto de estudiantes y graduados jóvenes que en muchos casos trabajan durante años al interior de las cátedras, apoyando el dictado de clases, realizando traducciones, produciendo investigaciones que enriquecen la asignatura, colaborando con las múltiples tareas de docencia e investigación. Y todo eso sin recibir un solo peso, poniendo dinero de su bolsillo y sin siquiera contar con un reconocimiento institucional.
¿Puede ser posible que, en nombre de la “democratización del ingreso”, se pretenda realizar “selecciones internas” que no garanticen los derechos de los adscriptos? Se trata, en primer lugar, de una impostura, y en muchos casos además implica un ataque a equipos de cátedra que vienen trabajando durante años y desenvolviendo tareas que enriquecen a la propia universidad. Así les “paga” la UBA a quienes durante años trabajaron para sostener y mejorar la calidad académica: si te he visto no me acuerdo.
Es aún más grave: con la creación de una nueva reglamentación de la precariedad, se pretende también poner en cuestión a equipos de cátedra consolidados a partir de un trabajo de años, que implica elaboración de programas, búsqueda de bibliografía, realización de seminarios internos y desarrollo de investigaciones. En nombre de la “democratización del ingreso”, quienes gobiernan la facultad no precisamente de modo democrático buscan guardarse una carta para poder formar comisiones evaluadoras ad hoc, sujetas a eventuales mayorías en las juntas, a partir de las cuales podrían intervenirse diferentes equipos de cátedra. No se trata de una especulación: esto ya ha sucedido en la carrera de Antropología, donde a partir de estos “reglamentos” la gestión logró copar con docentes afines la cátedra paralela de Epistemología, cuyo equipo era opositor a la mayoría de la junta. Recientemente ha ocurrido una maniobra similar en una “selección interna” de la carrera de Educación.
Basta de precariedad, luchemos por lo que nos corresponde
Todo esto ocurre en simultáneo con el gravísimo caso del despido de Juan Iñigo Carrera en la carrera de Sociología, que ha motivado un amplio rechazo y movilización de docentes y estudiantes y ha abierto un debate sobre la legitimidad del sistema de concursos y las múltiples herramientas de manipulación que permite y promueve. Acá se nos presenta algo todavía peor: un reglamento para establecer “concursos” ¡que ni siquiera son concursos! Porque los docentes entrarán como interinos y ad honorem, algo que es no solamente contrario al estatuto universitario sino también a la legislación nacional e incluso a la Constitución (el artículo 14 bis establece que el salario debe ser remunerado). En nombre de la “democratización del ingreso” se pretende encubrir algo que es peor que un concurso, porque ni siquiera implica la regularización del cargo y no establece ningún tipo de garantías o mecanismos para recusar al jurado, impugnar los dictámenes o apelar el resultado.
Rechazamos la creación de un “reglamento” para el ingreso de docentes en condiciones precarias, en forma interina y sin salario. Reclamamos lo que corresponde: que los ingresos se realicen con el Reglamento de Ingreso que fue aprobado por esta propia gestión hace algunos años. Reclamamos además que se discuta con claridad cuáles son las necesidades de las distintas cátedras y la planificación del departamento, para discutir no solo cómo se realizan los ingresos sino cuántos nuevos docentes se planea incorporar, para desarrollar nuevas áreas, formar jóvenes investigadores e impulsar la investigación y la docencia. Reclamamos que se respeten los derechos de los adscriptos y de quienes vienen trabajando, sin salario ni reconocimiento alguno, en las cátedras durante años.
Se nos responde que para todo eso se necesita presupuesto: efectivamente, y así lo hemos planteado siempre. Por eso defendimos que la carrera y la facultad se declaren en estado de emergencia presupuestaria y se impulsen las medidas para conseguir el financiamiento necesario. Quien denuncia la falta de presupuesto pero no hace nada para remediarla (y aún más, ataca a quienes impulsan esa lucha), es en los hechos un cómplice del ajuste.
Las reuniones de Junta, peor que el panel de Intratables
El debate en torno al ingreso de los interinos pone de manifiesto el cuadro político de la Junta de Historia, que se encuentra en una fuerte impasse a un año y medio de la asunción de la nueva dirección y cuando faltan pocos meses para las próximas elecciones.
La iniciativa de impulsar una reglamentación para el ingreso de los interinos, acorde a las presiones que suelen surgir del decanato, ha confirmado que la dirección del departamento, que fue apoyada por la lista de profesores, los graduados de Haciendo Historia y los estudiantes de La Mariátegui, se encuentra en un fuerte proceso de adaptación a la gestión de la facultad. Es preciso hacer un balance: quienes asumieron diciendo que venían a “democratizar” la Junta a través de los canales institucionales, quienes anunciaron que iban a lograr la regularización de la planta docente a través del apoyo a la decana Morgade, no han podido llevar adelante nada de lo prometido, e incluso se negaron a repudiar el despido de un docente de la carrera perseguido políticamente.
Frente al bloque que actualmente conduce el Departamento desconociendo las asambleas, la política de la mayoría de graduados (encabezada por Mariano Rodríguez Otero, ex consejero trincherista, ex cabeza de lista de Haciendo Historia, ex director del Departamento y actual integrante del espacio de la ex vicedecana Leonor Acuña, un sector de la camarilla trincherista que rompió con la gestión y armó su propia lista de profesores y graduados el año pasado) consiste en priorizar el ataque faccional contra sus ex aliados, en detrimento del avance de las reivindicaciones de estudiantes y docentes. Así, por ejemplo, cuando se debatió la declaración de la emergencia presupuestaria del Departamento, Otero trajo un proyecto de declaración de emergencia “institucional” argumentado mediante sus habituales delirios retóricos y referencias a la monarquía española del siglo XVII. Su proyecto fue rechazado y Otero votó la declaración de emergencia presupuestaria, tras lo cual se dedicó a denunciar al PO por haber votado lo que él mismo votó. Sus monerías y bravatas no pueden ocultar que cuando tuvo la oportunidad de luchar contra las camarillas antidemocráticas, les entregó la Junta para que voten al actual director. Toda esta política sólo se explica por el interés también camarillesco de Otero de dinamitar cualquier iniciativa de la Junta para buscar alcanzar de nuevo la Direcciónen el marco del actual régimen político universitario.
Mientras se producen estas peleas ridículas peleas, los docentes y estudiantes del Partido Obrero llamamos a todos a participar de la próxima Asamblea Interclaustros para poner al conjunto de la carrera en pie de lucha por: rentas para todos los ad honorem, inadecuados y exincompatibles; triplicación del presupuesto universitario, democratización de la Junta Departamental según lo resuelto por el plebiscito del año pasado, restitución de las becas de apuntes; ampliación de horarios de cursada; construcción del edificio conseguido con la lucha de 2010.
DOCENTES Y ESTUDIANTES de PARTIDO OBRERO de HISTORIA
